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Ponencia del PPT en vistas sobre P. de la C. 2329 sobre reforma contributiva

Ponencia del Partido del Pueblo Trabajador en las vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 2329 sobre reforma contributiva, realizadas el 1 de marzo de 2015.

Queremos llamar la atención a tres de los grandes problemas que Puerto Rico enfrenta en la actualidad:

--la falta de justicia económica y social

--la ausencia de crecimiento económico (tanto del ingreso como del empleo)

--el hecho de que el gobierno, que debe ser promotor de la justicia y el crecimiento, está agobiado por una deuda cuyo servicio ya equivale a cerca de la mitad de sus recaudos.[1]

En tres palabras: estamos ante los problemas

--de la injustica

--del estancamiento

-- y de la deuda.[2]

Consideramos que el proyecto de reforma contributiva, cuyo eje es aumentar la importancia de impuestos regresivos, como el IVA, en el sistema tributario del país, no contribuye, en balance, a enfrentar eficazmente ninguno de estos problemas.

En lo que sigue deseamos

--aclarar algunos conceptos y supuestos que subyacen al debate sobre la reforma contributiva y conextualizar la crisis fiscal y económica que enfrentamos

--formular nuestras críticas al proyecto sometido

--y presentar algunas alternativas a dicho proyecto.

Sobre el segundo punto hemos preparado un resumen de dos páginas que facilita la comprobación de nuestros señalamientos. Esperamos que se considere nuestra presentación en su conjunto. Por consideración a otros ponentes en estas vistas tan solo leeremos una parte de la misma.

En el debate sobre la reforma contributiva circulan una serie de ideas que, a fuerza de repetirse se dan por buenas, sin que se les someta al examen crítico que merecen.

La primera es la que atribuye la crisis fiscal al llamado gigantismo gubernamental, atribución que a menudo se acompaña de propuestas de reducir el gasto publico, con o sin despidos, con o sin privatizacion. El día en que preparamos este texto --25 de febrero-- hemos escuchado declaraciones del Presidente del Senado Honorable Eduardo Bhatia en las que reitera esta apreciación y solicita un plan para reducir el gasto público en mil millones de dólares.

En realidad no existe tal gigantismo gubernamental. Como ya han demostrado distintos economistas, el número de empleados públicos en Puerto Rico comparado con su población (7.34 por cada y 100) no es particularmente alto. Hay 21 estados de Estados Unidos que tienen más empleados públicos por habitante que Puerto Rico. Puerto Rico no tiene un gobierno demasiado grande. Lo que es más bajo en Puerto Rico que en cualquier estado son los empleos privados comparados con su población (18 por cada 100 habitantes).[3] No padecemos de gigantismo gubernamental, padecemos de raquitismo empresarial.

En segundo lugar, algunos atribuyen el raquitismo empresarial al hecho de que el gobierno supuestamente acapara los recursos que de otro modo estarían disponibles para el sector privado. El gobierno, se dice, ahoga el desarrollo del país.[4] La realidad es que, según el estudio comisionado a la empresa KPMG, los recaudos del gobierno de Puerto Rico son iguales a 8% del PIB (o 12% del PNB, apróximadamente). Esta es una porción mucho menor que la que puede observarse en los países que dicho estudio escogió como referentes para reflexionar sobre nuestra situación (Corea, 27%; Irlanda, 28%; Canadá, 31%; Portugal 32%, Nueva Zelanda 33%, por ejemplo).[5] Lo mismo ocurre si se toman los datos de KPMG sobre los recaudos de impuestos a corporaciones específicamente como por ciento del PIB: en el caso de Puerto Rico esos recaudos son 1.4% del PIB, por ciento que es la mitad del cálculo correspondiente en Chile (2.8%) y menos de la mitad si se compara con Canada y Portugal (3.1%), Nueva Zelanda (3.9%), Corea (4%) y Singapur (4.1%).[6]

Por otro lado, e igualmente llamativo, durante la primera década del siglo la magnitud de los recaudos comparados con el PNB y el PIB se ha reducido de 16.1% y 10.6% respectivamente en 2000 a 11.8% y 7.7% en 2011.[7]

En resumen: la realidad es que el gobierno capta relativamente menos del ingreso del país comparado con otros países y capta menos en la actualidad que en el pasado. Por lo mismo, si Puerto Rico padece de raquitismo empresarial no es por causa de una presión o presencia desmedida del estado en la economía del país, a pesar de que esta idea se reitere constantemente junto a la noción del gigantismo gubernamental. Ambas nociones carecen de fundamento, más allá del prejuicio de algunos contra todo lo público y todo aquello que no esté regido por la lógica de la acumulación privada y de la competencia.

Existe una tercera noción que también pretende culpar al sector público de los problemas del país. Se trata de la idea de que el crecimiento desmedido de deuda, tanto privada como pública, es el resultado del gasto público excesivo o del derroche irresponsable de las personas, por el cual ahora debemos pagar con un régimen de austeridad. "Los pueblos han vivido por encima de sus medios", como se dice en Europa y ahora deben ajustarse el cinturón. Desde esa perspectiva, recientemente reiterada por el economista Elías Guitiérrez, intentar renegociar o reestructurar la deuda es un intento de evadir las consecuencias de nuestros actos, de que otros paguen por nuestra irresponsabilidad: es la bancarrota, no ya económica, sino ética y moral.[8]

Sin embargo, basta mirar la prensa mundial para ver que la deuda no es un problema de Puerto Rico únicamente: es un problema global. La deuda no es resultado, como se pretende, del gasto público o personal excesivo, sino, más bien, de la codicia del gran capital: es resultado de políticas de reducción de impuestos a grandes empresas y de la presión del gran capital sobre los salarios, tendencias que se han desplegado con fuerza desde hace tres décadas.

Dicho simplificada pero correctamente: el gran capital ha preferido prestar a pagar, ha preferido prestar al estado y las personas lo que debiera pagar en impuestos y salarios. En lugar de pagar a gobiernos y personas, les extiende créditos en sus diversas modalidades y les cobra intereses. Es la manera reducir los impuestos y limitar los salarios y a la vez vender más a gobiernos e individuos. Así surge una economía uno de cuyos ejes más importantes ha sido y sigue siendo un crecimiento exhorbitante de la deuda, tanto pública como privada. La explosión de la deuda en sus diversas formas es un eslabón de una cadena mas larga, un engranaje de una máquina más grande. Ha sido y es la otra cara de la ofensiva mundial del capital contra el trabajo y los desposeídos.[9]

Como se sabe, como parte de esa política de reducción de impuestos y de supuesta liberación de la inicitiva privada se promovió también una política de desreglamentación de los mercados financieros que combinada con aquella expansión de la deuda condujo a una explosión de la especulación que a su vez culminó en la crisis de 2008, de la cual la economía global aún no se recupera plenamente.[10] Pero lejos de sufrir las consecuencias de sus actos, de su derroche especulativo y de su irresponsabilidad, como tanto se nos predica ahora a los deudores, el irreponsable sector financiero y grandes corporaciones se beneficiaron de una gigantesca operación de rescate como consecuencia de la cual los estados se endeudaron más de lo que ya estaban.[11]

Repitámoslo: esa política al servicio de las grandes ganancias, antes, durante y después de la crisis y no el gasto público alegadamente excesivo, es la verdadera causa de la crisis de la deuda que hoy se vive en buena parte del mundo.

En fin, la insistencia en que la deuda no puede renegociarse, de que hay que pagarla religiosamente no importa las consecuencias sociales, no es una manera de obligar a que los pueblos asuman las consecuencias de su irresponsabilidad fiscal, sino un intento de lograr que paguen por el rescate de los culpables de la crisis. Pagar la deuda como imperativo ético no es otra cosa que un intento altisonante de generar un sentimiento de culpa en los pueblos que permita, por lo mismo, exculpar y garantizar los privilegios de los responsables de la crisis.

Por último, debemos señalar que la política de reducción de impuestos a las ganancias se ha justificado con el argumento --que hemos vuelto a escuchar estos días en el debate sobre la reforma contributiva-- de que que al reducirse los impuestos a las grandes empresas, estas retendrán más ganancias, aumentarán la inversión y con ello el empleo y se desatará un proceso de crecimiento económico. Pero se trata de una apuesta especulativa, en el mejor de los casos: no existe ninguna garantía de que la reducción de impuestos a las grandes empresas desate el proceso indicado. Lo que está asegurado como resultado de esa política es un aumento de la desigualdad, según los recaudos públicos se convierten en ganancias privadas, un deterioro de la situación fiscal del gobierno y un empeoramiento y encarecimiento de los servicios públicos.

En Puerto Rico hemos tenido nuestra versión particular de esta política de reducción de impuestos para intentar promover la inversion y crecimiento y del aumento, por otro lado, de la deuda: la política de exención contributiva que en la actualidad se encarna en la Ley 73 de 2008, la Ley 159 de 2004 (sobre zonas de libre comercio) y los decretos de exención contributiva emitidos por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El concepto básico de esta política es el intento de atracción de capital externo a través del ofrecimiento del pago de muy pocos impuestos (sobre ingresos, propiedad mueble, patentes). Se supone que esta política genere crecimiento económico y empleo, lo cual debe afectar positivamente los recaudos del gobierno. Pero, como se sabe, desde hace una década esta política no genera ni crecimiento económico ni empleo. Es decir, esta política priva al gobierno de importantes recursos y no genera el crecimiento o el empleo que le permitiría recuperar esos recursos por otras vías.

Esta doble realidad (falta de crecimiento y no de tributación de las ganancias que se generan) es uno de los factores más importantes que subyacen el crecimiento del déficit y luego de la deuda. El otro lado de la deuda ha sido y es ese régimen contributivo del que grandes empresas se han beneficiado por tanto tiempo. El servicio de esa deuda ya requiere suma equivalente a casi la mitad de los recaudos del gobierno.

La única manera en que el gobierno sigue funcionando y pagando esa cantidad es tomando nuevos créditos, aunque a intereses cada vez más altos. Tan solo un crecimiento apreciable permitiría evitar el desenlace previsible de esta situación: un default en el pago de la deuda. Pero el peso de la misma deuda impide las acciones necesarias para promover ese crecimiento. Los mercados lo saben, por  eso exigen intereses cada vez más altos. Por eso nuestra deuda pasa cada vez más a manos de hedge funds que la compran a tasas de interés usurarias o la compran a descuento de otros inversionistas y esperan obtener una ganancia extraordinaria aprovechando la percepción de nuestra futura incapacidad de pago (a lo cual contribuyen las cualificadoras con sus rebajas del rating de los bonos de Puerto Rico).[12] En ese sentido es necesario reconocer que la deuda es insostenible. Insostenible

--por que el servicio ya atenta contra la prestación de servicios que el país necesita

--por que ahoga y juega contra la recuperación económica que permitiría pagarla

--y por que la larga, o quizás la corta, es impagable.

Una deuda insostenible hay que renegociarla. La pregunta ya no debe ser si se renegocia sino cómo se renegocia. La pregunta debe ser, no si se reestructura, sino cuál reestructuración deseamos: una restructuración traumática y subordinante o, al contrario, una renegociación habilitante, es decir, una reestructuración que en una coyuntura inesperada y caótica someta la país empobrecido a la dictadura de los acreedores o una restructuración que empiece a habilitar al país para iniciar un proceso de reconstrucción económica.[13]

Señalamos todo esto a manera de preámbulo pues no saldremos de la crisis actual si se insiste en diagnósticos sin fundamento y políticas equivocadas

--de reducción del gasto y el empleo público (que puede realizarse sin despidos o por medio del mecanismo de attrition a través del cual, según señaló el Gobernador recientemente, se han eliminado 16 mil empleos públicos)

--de concesiones a la ganancia privada, como supuesto motor casi mágico del crecimiento

--o de marcha sonámbula hacia el desastre por no querer reconocer el carácter triplemente insostenible de la deuda y proceder a organizar una reestructuración habilitante de la misma.

La reforma contributiva pretende atender la insuficiencia fiscal del gobierno. En cuanto al contexto en que nos movemos y al camino que nos ha traído a la situación actual es importante recordar que los recaudos del gobierno se ven afectados tanto por la política contributiva como por el ritmo y grado (o ausencia) de crecimiento económico, que a su vez sufre el impacto del clima económico internacional y de medidas y políticas adoptadas por el gobierno federal.

Como indicamos, desde hace más de una década al menos, la política de exención contributiva no genera crecimiento, ni empleo a la vez que limita la participación del gobierno de las ganancias que se generan o declaran en Puerto Rico, que ascienden a $35 mil millones anuales.

Por su lado la crisis global de 2008, provocada por la economía de la deuda y la especulación de los mercados financieros, ha contribuido igualmente a la parálisis económica o al menos ha hecho más díficil la recuperación.

Además algunas medidas o políticas federales, como la eliminación de la sección 936 sin la creación de un mecanismo para amortiguar el golpe a uno de los ejes de la economía del país en ese momento o la perpetuación de la aplicación de las leyes de cabotaje, o las amenazas de la eliminación o revisión de la legislación y reglas sobre las CFCs, bajo la cual operan algunas de las antiguas 936 también han afectado negativamente la economía del país.

La gigantesca evasión contributiva, sobre todo por empresarios y sectores profesionales de más altos ingresos también contribuye a limitar los recaudos del gobierno.

Por el lado del gasto, contribuyen al déficit el malgasto de fondos públicos y la corrupción así como el costo de políticas erradas, entre las cuáles cabe destacar la privatización del sistema de salud y la creación de un sistema sometido a las grandes aseguradoras. El pago de la llamada reforma de salud es un factor importante en el déficit estructural del gobierno.

Según el problema de insuficiencia fiscal crecía y según también crecía la deuda se adoptaron medidas que intentaron atajar la situación. Entre esas medidas se cncuentra la ley 154 de 2010 que impone una contribución de 4% a las ventas de las empresas foráneas a sus subsidiarias. Esta medida genera alrededor de $1.9 mil millones, que constituyen cerca de 21% de los recaudos al fondo general. Aunque es un paso en la dirección correcta, esta ley se concibió como una medida temporera y no ha supuesto una reconsideración de conjunto de la política de exención contributiva. De igual forma Ley 40 de 2013 (patente nacional) acertó al aumentar la tributación a las megatiendas, pero también afectó negativamente a pequeños y medianos comerciantes.

Por otro lado, al igual que en otros países, también se reaccionó a la crisis fiscal con medidas de austeridad contra el pueblo trabajador y sectores desposeídos, como las imposición del IVU y las llamadas "cruditas", impuestos regresivos que caen con más fuerza mientras más bajo es el ingreso de la persona, así como la suspensión de derechos y convenios bajo las leyes 7 y 66 y los despidos bajo la primera y la reducción de plazas que acompaña a la segunda. Estas medidas de reducción del gasto y el empleo públicos, en una economía afectada por el raquitismo empresarial tuvieron un efecto depresivo, que también afectó negativamente los recaudos del gobierno, alejando la solución del problema fiscal que se pretendía atender con esas reducciones. Igual efecto contraproducente puede esperarse del recorte de mil millones de dólares que ahora se está mencionando junto a la propuesta reforma contributiva.

Como estas medidas pretenden, no cambiar, sino perpetuar el funcionamiento de la estructura económica existente no han sido capaces de atender los problemas que ese funcionamiento genera. En tres ocasiones se tuvo señales claras de que era necesario cambiar de rumbo: en 1974-75 cuando Puerto Rico vivió su primera recesion profunda luego de dos décadas y media de crecimiento acelerado, en 1996 cuando empezó el periodo de extinción de la Sección 936 y 2006 cuando la insuficiencia fiscal provocó un cierre parcial del gobierno. Tres oportunidades para el cambio que sin embargo condujeron a una reafirmación de la política económica bajo un nuevo ropaje, como fue la sección 936 en 1976, o la nueva ley de incentivos industriales de 2008. No hay duda de que ahora será más difícil hacer lo que se debió hacer hace nueve, diecinueve o quizás cuarenta años.

Pasemos entonces a las disposiciones del proyecto 2329. Como adelantamos, ni el Proyecto 2329 ni el estudio de KPMG se refieren a la política de exención contibutiva ni al hecho del que el país se fugan $35 mil millones de dólares en ganancias que se generan o se declaran en Puerto Rico para fines de evasión contributiva. El gobierno carece de recursos pero se rehúsa tomar en cuenta un flujo que es casi cuatro veces los recaudos actuales del fondo general.

Si los nuevos recaudos no han de provenir de las empresas que ahora se acogen a la exención contributiva tan solo pueden extrearse del resto de las corporaciones y de las familias e individuos. Sin embargo, el proyecto rebaja las tasa contributiva de las corporaciones en un 25%. Todas tributarán 30% de sus ganancias. De este modo, según el estudio de KPMG, las corporaciones dejarán de tributar alrededor de $439 millones, aunque no existe ninguna garantía de que se invertirán productivamente en el país.

La medida también elimina la patente nacional, de manera tal que las megatiendas y grandes cadenas comerciales también dejarán de tributar millones de dólares.[14]

El proyecto no altera, ni aumenta ni reduce la tributación que corresponde a la ley 154 de 2010 (4% de las ventas de las foráneas a sus subsidirias).

De aquí se extrae la primera gran conclusión que deseamos destacar: si no se altera la tributación de las empresas exentas y se reduce la tasa contributiva a las corporaciones regulares entonces el aumento de recaudos proyectado proviene de un aumento a las contribuciones a los individuos y familias.

Repetimos: tanto en la propuesta de KPMG como en el proyecto se dejan sin alterar los impuestos a las corporaciones exentas, la tributación a través de la ley 154 de 2010 y se reduce la tasa contributiva a las corporaciones regulares. De ahí no proviene el aumento de recaudos proyectado. Ese aumento más lo que se reduce a las corporaciones proviene de las contribuciones los individuos.

No es raro entonces que si examinamos la tabla 10 del Executive Summary del estudio de KPMG veremos que en su propuesta aumenta la tributación total en todas las categorías de ingreso sin excepción.

Repitamos los dos hallazgos: primero, el aumento en recaudos no proviene de la tributación a corporaciones, que se reduce, sino de familias e individuos y la tributación total aumenta en todas las categorías.

Sobre esto debemos decir que los portavoces del gobierno han practicado un verdero intento de confundir y desviar la atención. Se dice y repite constantemente que la reforma reducirá la contribución sobre ingresos. Y eso es cierto. Pero lo que no dicen es que a la vez que se reduce la contribución sobre ingresos se aumenta la contribución total, pues el pago del IVA de 16% más que compensa la reducción de la baja en la tasa de contribución sobre ingresos. En balance las familias pagarán más. Eso dicen los números de KPMG. Toda la argumentación de que esta reforma "pone más dinero en tu bolsillo es falsa": el dinero pasa por nuestro bolsillo, pues Hacienda no lo descuenta, pero sale inmediatamente de nuestro bolsillo, al momento de pagar el IVA.

Se insiste constantemente que las personas que tienen un ingreso menor de $40 mil no pagarán contribución sobre ingresos: pero no se dice que pagarán más contribuciones totales que antes, debido al efecto del IVA de 16%. Esto no es un cálculo nuestro. No es una alegación del PPT. Lo dice KPMG: vean la última columna de la tabla 10 del Executive Summary y lo verán.

Habría que hacer la salvedad que en el caso del proyecto 2329 el aumento en la tributación total de las personas debe ser menor que en la propuesta de KPMG, pues el proyecto exime más productos del IVA. Pero eso no altera la conclusión señalada. El economista Alejandro Silva Huyke, que depondrá ante esta comisión el 5 de marzo ha realizado el ejercicio de adaptar las cifras de KPMG al proyecto y demuestra que el resultado es el mismo: las familias e individuos, cuando se suma contribución sobre ingresos y el IVA, pagarán más.[15]

Sería honesto que en los anuncios en que Hacienda se está gastando miles de dólares para explicar las bondades del IVA se dejará de repetir cierta, pero engañosamente, que se bajará la contribución sobre ingresos y se empiece a hablar claramente de lo que ocurrirá con las contribuciones totales.

De hecho, si examina la tabla 7 del informe del Executibe Summary de KPMG se notará que la única partida de tributación, la única, repetimos que aumenta en recaudos es el propuesto IVA, todo lo demás (contribuciones de corporaciones, contribuciones de ingreso de individuos, arbitrios, etc. o se quedan iguales o se reducen). Si los recaudos aumentan es por medio del la imposición del IVA que pagan individuos y familias.

Por supuesto, se pueden añadir exenciones, como excluir la educación, lo cual apoyamos, pero entonces se reduce el efecto de aumentar los recaudos: ese es el problema de no querer tocar, incluso hacer más concesiones a las ganancias del gran capital.

Tenemos ya tres hallazgos: el aumento de recaudos viene de las familias e individuos, las familias e individuos pagarán más y ese aumento se logra a través del IVA y no del aumento en la contribición sobre ingresos.

Y ese el cuarto hallazgo: el aumento de recaudos a los individuos no se logra a través del mecanismo del impuesto progresivo al ingreso, sino a través de la mayor dependencia del nuevo IVA, un impuesto regresivo, que tiene un efecto mayor según se reduce el ingreso de las personas.

Es decir, el proyecto traslada el peso del sistema contributivo de contribuciones sobre ingresos, que tienen un carácter progresivo a impuestos al consumo, que tienen, como se sabe, un carácter regresivo. Según el estudio de KPMG, en el sistema actual los impuestos regresivos como el IVU y los arbitrios constituyen 16.76% de los recaudos. Con esta medida el peso de los impuestos regresivos aumentaría a 43.57%. Por otro lado, la participación de la contribución sobre ingresos a individuos bajaría de 21.91% a 12.21% y la de los impuestos a corporaciones (ingresos y ley 154) de 36.93% a 25.11% de los recaudos.[16]

Es evidente que al aumentar el peso de los impuestos regresivos de 16.76% a 43.57% y al reducir el de los progresivos se aumenta la regresividad de nuestro sistema contributivo en su conjunto.

Los proponentes del proyecto admiten el carácter regresivo del IVA. Reconocen que afecta más al que menos tiene. Pero según sus proponentes el proyecto incluye disposiciones que compensan ese efecto regresivo. La primera es la exclusión de algunos productos y servicios esenciales y programas (Medicaid, Medicare, reforma de salud) del IVA. El problema es que esto deja fuera una cantidad importante de productos y servicios que dificilmente pueden considerarse gastos discrecionales.

No se trata de simplemente reducir el consumo y ahorrar si no se quiere pagar el IVA. El caso más dramático es el costo de los servicios médicos para las personas que no se acogen a los programas indicados (más de 900 mil acogidas a otros planes y cerca de 300 mil no aseguradas). Como ya se sabe el IVA se calculará a partir del costo del servicio no del deducible: será muy común que el costo de visitas al médico o de pruebas de laboratorio se duplique. El único efecto de esto será una reducción de las visitas necesarias, un auto-racionamiento de procedimientos, una total marginación de gestiones preventivas. Si se suma el alza en el costo de las medicinas no recetadas tan sólo se puede concluir que la medida añadirá otro desastre a nuestro ya maltrecho sistema de salud, si es que el caos actual merece el nombre de sistema.

Para no agobiar mencionamos un solo ejemplo adicional: los alimentos preparados también pagarán IVA, aunque la merienda o el almuerzo fuera del hogar es un aspecto casi inescapable de la vida de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Esa merienda como tantos otros productos costará ahora 16% más, hecho que tendrá un impacto mayor en las personas mientras más bajos sean sus ingresos.

Por otro lado, hay que preguntarse qué sucederá con muchos pequeños y medianos comercios si las personas, como han planteado los proponentes del proyecto, deciden reducir su consumo. Nos parece que esa reducción junto a las ventajas que gozan las megatiendas sepultarán a una buena cantidad de los primeros.

Se ha dicho que el IVA permitirá captar una parte importante de las contribuciones que en la actualidad evaden sectores adinerados y los que participan en la llamada economía informal. Lo primero que debemos señalar es que aún cuando esto es cierto y beneficioso, el hecho no afecta ni revoca el carácter regresivo del IVA y el peso incrementado de los impuestos regresivos en el sistema contributivo propuesto. Por otro lado, si bien la captura de ingreso ocultado por los sectores más ricos es una bondad de esta medida (en caso de materializarse), el caso de la economía subterránea es más ambiguo, desde el punto de vista de la justicia económica. Buena parte del sector informal está compuesto, no por los magnates del narcotráfico en que todo el mundo parece enfocarse, sino por personas de muy bajos ingresos que realizan actividades económicas irregulares pero honestas para tratar de sobrevivir en una economía que no genera empleos formales suficientes: el IVA es un impuesto que reducirá la posibilidad de consumo ya precario y limitado de estos sectores trabajadores y empobrecidos.

Desde un principio se habló también de una compensación por el efecto del IVA que recibirían las personas de más bajo ingresos. En su mensaje el Gobernador habló de cien por ciento de compensación para los que tienen un ingreso menor a $20 mil. Posteriormente el Sectretario de la Gobernación Víctor Suárez habló de 50% de compensación para los que tienen ingresos entre $20 mil y $35 mil. Más adelante el Secretario de Hacienda indicó que no habría compensación para ese grupo, aunque no hemos podido constatar ese dato.

Cuando se consulta el proyecto se descubre que el punto de las compensaciones queda a discreción del Secretario de Hacienda que determinará quienes serán elegibles y cuál será el monto de la compensación. Se establecen algunos criterios para evaluar la elegibilidad pero se omite lo más importante: ¿cuál es la meta del ejercicio en términos del alcance de la compensación? ¿Se pretende compensar el 100% como afirmó el gobernador, o será 75%, 50% o ni siquiera se tratará de hacer un estimado? Se ha informado que se está preparando un perfil del consumidor, lo cual ya indica que no se compensará lo gastado, sino un estimado general, pero, de nuevo, no sabemos si el perfil se usará para calcular una compensación de 100%, 75% o 50%.

Estas decisiones, lejos de afectar a un grupo marginal, impactan a la mitad del país. Según el ya citado estudio de KPMG las personas que tienen un ingreso de menos de $20 mil radicaron 51% de las planillas en 2012. Según el mismo estudio 49.4% de los hogares tienen un ingreso menor a $20 mil y 66.4% menor a $33 mil.[17] En cuanto a esto, el proyecto tampoco fija una cantidad o qué porción de los recaudos del IVA se devolverá a manera de compensación a (por lo menos) la mitad más pobre del país.

Sospechamos que apoyándose en que parte de los productos más esenciales están exentos del IVA y en que el IVA debe incentivar que la gente "salga a trabajar" y no se "recuesten" de la compensación, se fije la última aun nivel que esté lejos de compensar el efecto del IVA en la mitad más pobre del país (los hogares que tienen ingreso menor a $20 mil).

Recientemente hemos leído reportajes en los que el Honorable Presidente de la Cámara Jaime Perelló afirma que la reforma contributiva no es para "el vago", ni para "el puertorriqueño saludable que puede estudiar, que puede trabajar y no lo hace porque simplemente no lo quiere hacer".[18] Nos preocupan tales manifestaciones: a pesar de que se dice que habrá compensación por la regresividad del IVA ya se está preparando el terreno para justificar que no todos reciban compensación o que la compensación sea limitada o parcial. Eso sería mantener a los vagos.

Deseamos subrayar que Puerto Rico no tiene un problema de vagancia, ni de dependencia, tiene un problema de desempleo, lo cual es muy distinto. Si tenemos un desempleo de 15% y una tasa de participación laboral de menos de 40% no se debe a que seamos vagos, o que "simplemente" no queremos trabajar, sino al fracaso de una política económica que no genera crecimiento ni empleo. No es culpa del pueblo desempleado, marginado y para colmo calumniado, es culpa de gobernantes y de una clase empresarial que no ha sido capaz de darle dirección al desarrollo productivo del país. Ante esa realidad el gobierno tiene el deber de centralizar recursos en un fondo de inversión para el desarrollo del país: no es aconsejable entonces bajar las contribuciones a empresas como se propone en el proyecto 2329.

No deja de ser meritorio que en su mensaje el Gobernador haya señalado el fenómeno de le evasión contributiva y la participación en ese proceso de sectores adinerados. El hecho señalado por el Gobernador y el Secretario de Hacienda de que solo 12 mil personas informan ingresos de más de $150 mil es indicación de un ocultamiento masivo de ingresos. A esto se puede añadir otros dato: la publicación de Hacienda titulada Reforma contributiva: transformación total señala que 68% de las corporaciones registradas (38, 838 de 42, 740) informan ingresos de menos de $60 mil, "lo cual", afirma el documento "no hace sentido". Por otro lado, KPMG también indica la falta de personal para auditar, la falta de aprovechamiento de programas disponibles para detectar violadores y evasores y recuperar las deudas e imponer las multas correspondientes y la aplicación arbitraria de acuerdos y rebajas para cobrar (o perdonar) deudas contributivas. Pero en lugar de atender estas y otras deficiencias y de armarse para fiscalizar a sectores con altas tasas de evasión, el proyecto ataca el problema con una medida cuyo efecto aumenta según se reduce el ingreso de la persona. Para captar la delincuencia de los más ricos se lleva por el medio al pueblo trabajador y los más pobres.

Algunos proponentes del proyecto consideran, como parece reflejarse en algunas declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes Honorable Jaime Perelló, que al reducirse la carga contributiva de las empresas, estallará o "detonará" el crecimiento económico. Otra versión de esta idea es la noción de que el impuesto al consumo que se propone fomentará el ahorro, lo cual aumentará los fondos disponibles para la inversión y con ello el empleo. Se trata de una nueva versión de la superstición que reseñamos al principio, de la fe ciega en la magia del mercado y la competencia: como si la transformación de impuestos al consumo en ahorros y de ahorros en capital y de capital en inversión fuese casi automática. Nada más lejos de la realidad, sobre todo en Puerto Rico. La realidad es que no existe garantía alguna de que los $439 millones que KPGM estima que las corporaciones dejarán de tributar con el nuevo sistema se invertirán productivamente en Puerto Rico.

No debemos pasar por alto el señalamiento del estudio de KPMG, que estima que probablemente la reforma tenga un efecto depresivo en la economía. KPMG estima un impacto negativo equivalente a .53 % del PIB.[19]

Otros proponentes del proyecto, como el Presidente del Senado Honorable Eduardo Bhatia han combinado la reforma propuesta con la solicitud de una propuesta de reducción del gasto público de mil millones de dólares. Pero esto es darle veneno al enfermo: al igual que la ley 7, al igual que toda medida de reducción del gasto público en una economía que padece de raquitismo empresarial, el efecto sería ahondar, no aliviar, la crisis económica.

En cuanto a la deuda, el Gobernador en su mensaje insistió que la reforma propuesta debía permitir al gobierno cumplir con sus funciones y con las obligaciones a los acreedores: se supone entonces que se continuará pagando la deuda a pesar de la carga onerosa y a la larga insostenible que esto representa. Se iniste en esto a pesar de que cada vez más analistas en Wall Street plantean lo contrario, en este caso, correctamente. Peor aún, podemos esperar que esta deuda aumente cuando se emitan los bonos con la llamada "crudita" de colateral. En fin, el panorama que surge de esta mirada no es halagador: una economía estancada, posibles aumentos en recaudos del gobierno debido a la reforma, a costa, sin embargo, de mayor desigualdad y del uso de parte importante de esos recaudos para el servicio de la deuda, que dada la situación de estancamiento, será a la larga impagable.

Por estas razones nos oponemos la aprobación del proyecto 2329.

Cualquier reforma contributiva quedará trunca si no es parte de un conjunto de iniciativas cuya amplitud y alcance corresponda a la magnitud y gravedad de la crisis que debe atender.  Ese conjunto de iniciativas debe incluir:

--Una verdadera reforma contributiva que exija e imponga plena responsabilidad social a empresas y las grandes fortunas.

--Una política económica que supere el desarrollo unilateral y precario en que la fuga de ganancias y la dependencia de la inversión externa se alimentan mutuamente.

--Una política realista ante el problema de la deuda que la renegocie desde una perspectiva no subordinante sino habilitadora para el país.

--Una reforma gubernamental que democratice y agilice la administración pública con participación laboral y ciudadana.

--Un planteamiento al gobierno federal sobre la mutua conveniencia de un plan reconstrucción económica que dote al país de una economía que no requiere subsidios externos.

--Una ofensiva contra la evasión contributiva, combinada con el compromiso y materialización de servicios de calidad para todos y todas.

Como parte de estas iniciativas es necesario:

--Reconsiderar la política de exención contributiva. El informe de KPMG reitera lo que se ha planteado muchas veces: los resultados de las exenciones no se evalúan en términos de costo-beneficio para el país y se sobreestima la efectividad de las exenciones contributivas como imán para la inversión. Se señala que la imposición de contribuciones al capital externo provocaría su partida. El problema es que estas inversiones ya se están yendo. Desde 1996 hemos perdido más de la mitad de los empleos en la manufactura. Se trata de asegurarnos de que las ganancias del presente ayuden a preparar la transición para una nueva etapa. Nada más un impuesto de 3% a las ganancias que hoy se fugan generaría $1.75 mil millones anuales. El toll-gate tax de 1.5% propuesto por el represenante Manuel Natal como medida alterna a la crudita hubiese generado $400-$500 millones (P de la C 2032). Se debe estudiar el mecanismo más adecuado (toll gate tax, revisión de ley de incentivos, revisión ley 154, revisión de ley 159 sobre zonas de libre comercio, revisión de decretos de exención contributiva) para allegar fondos de esta fuente. Las tasas aprobadas pueden estar sujetas a negociación a cambio de compromiso y cumplimiento de metas de reinversión en el país y creación de empleo.

--Eliminar la patente nacional, pero remplazarla por un impuesto especial a las megatiendas que generan grandes ganancias en Puerto Rico. (P de la C 917 Luis Vega Ramos). Esto puede incluir impuesto a su movimiento de fondos hacia bancos fuera de Puerto Rico.

--Combatir la evasión y la cultura de la evasión. Crear mecanismos modernos y efectivos de detección de ingresos y control de la evasión contributiva. Como ha señalado el Secretario de Hacienda, tan sólo cerca de 12 mil personas declaran ingresos de más de $150 mil dólares. Esto es muestra de un ocultamiento masivo de ingresos por parte de los sectores más adinerados. ¿Cómo es posible que no se pueda identificar a personas que están ocultando cientos de miles en ingresos? Esto no es un problema técnico, es un problema de voluntad. Combatir la cultura de la evasión conlleva terminar la campaña de desprecio de lo público que ha acompañado y acompaña las políticas de privatización y que convencen a la gente de que la aportación a lo público es un malgasto. Es necesario demostrar en la práctica que vale la pena tributar por los servicios que se reciben. Esto se enlaza con la propuesta de reforma gubernamental.

--Acentuar la progresividad de las contribuciones sobre ingresos y sobre la propiedad y los impuestos de consumo a productos de lujo. A menudo escuchamos que los impuestos progresivos, es decir tasas contributivas que aumenten según el ingreso son un "castigo al éxito" que desestimula la iniciativa privada. Esta posición pasa por alto que la acumulación improductiva de riqueza privada, puede ser muy conveniente para unos pocos, pero lejos está de ser un éxito para la comunidad. Ese es el caso de Puerto Rico: del país no solo se van más de $35 mil millones en ganancias que se generan o se declaran en Puerto Rico, sino que hay una gran cantidad de riqueza privada que no se invierte productivamente. De ahí la tasa de desempleo de 15% y la tasa de participación laboral de 40%. Recuperar esa riqueza privada improductiva para potenciar el fondo de inversión pública no es "castigar el éxito" sino empezar a remediar ese fracaso.

--Revisar las contribuciones a la propiedad inmueble para actualizar los costos, fijar exoneraciones razonables y asegurar la progresividad del impuesto.[20]

--Explorar el "Financial Institutions Tax" que existe en algunos estados que se impone a instituciones financieras y de seguros (por ejemplo un impuesto de 7% sobre el ingreso neto). Se podría hacer algo similar, pero eximiendo las cooperativas de ahorro y crédito. Explorar impuesto adicional al ingreso neto de compañías locales que podamos considerar grandes, según su volumen de ventas o número de empleados.

--Diseñar y adoptar un seguro de salud universal.

--Iniciar una reforma gubernamental que reduzca el malgasto y la corrupción, que incluya la creación de comités de trabajadores y usuarios en cada agencia con poderes de indagación y protección adecuada para los que denuncien prácticas corruptas.

--La institución del presupuesto participativo como medio de determinar la prioridades presupuestarias de manera democrática y de reducir la corrupción y el malgasto.[21]

--Plantear al gobierno federal la mutua conveniencia de un proyecto de reconstrucción económica. Además de imponer contribuciones y exigir la reinversión de ganancians en Puerto Rico, es necesario hacer un señalamiento al pueblo de Estados Unidos en general y al gobierno federal en particular de que la estructura existente de la economía de Puerto Rico constituye un desastre para el pueblo de Puerto Rico, que sufre sus consecuencias directamente (desempleo, pobreza, deterioro social y ambiental)  y el pueblo de Estados Unidos (que destina recursos para subsanar en parte esas consecuencias). Esta estructura tan sólo beneficia a un puñado de grandes empresas. Conviene al pueblo trabajador de Estados Unidos y de Puerto Rico reconstruir nuestra economía para que nuestro pueblo pueda proveerse de los medios necesarios para una vida digna.

--Reconocer el carácter insostenible de la deuda. Reconocimiento de que para pagar la deuda pública la economía tiene que crecer, pero no podrá crecer mientras estemos agobiados por esa deuda. Seguir pagándola sin reconocer este hecho es el camino al eventual impago en condiciones peores. La única salida es reconocer que esa deuda es impagable, realizar una auditoría y negociar con los acreedores cuanto, cómo y en qué términos se podrá pagar. La auditoría para la cual ya existen varios modelos como mínimo permitirá entender como y por qué se acumuló, quienes la negociaron, para que se usaron los fondos, quienes actuaron irresponsablemente, quienes se lucraron. En el mejor de los casos, podrá revelar que parte de la deuda es ilegal, ilégitima, incluso odiosa en cuyo caso habrá mejor base para exigir su anulación y se fortalecerá la situación del país en las negociaciones con los acreedores. Algo debe estar claro: la deuda debe renegociarse, no para subordinar más al país a los acreedores, menos aún para colocarlo bajo control de un síndico, sino como acto de auto-preservación del país ante una emergencia social. Debemos trabajar por una renegociación habilitante, no subordinante.

--Con la tributación o compromiso de reinversión de empresas foráneas, aumento de contribuciones a megatiendas y otras corporaciones, reducción de la evasión, fondos liberados por la renegociación de la deuda y negociados con el gobierno federal se debe poner en marcha un plan de reconstrucción económica. Puerto Rico necesita una economía propia, que, sin eliminar la inversión externa enfatice la iniciativa interna (pública, privada y cooperativa); que sin subestimar la exportación aumente la producción para el mercado interno (incluyendo la recuperación de la agricultura y las industrias anexas); que promueva y logre la reinversión en el país del excedente que aquí se genera; que estimule el mercado interno y la productividad con una política de redistrubución de la riqueza y de más justa participación del trabajador en el producto y la organización de su trabajo y que se comprometa, entre otras medidas ambientales urgentes, a la transición acelerada al uso de fuentes de energía renovable. Este proyecto de reconstruccion económica y ambiental no puede desconectarse de la necesidad de repensar como construimos nuestras ciudades y vencindarios, la relacion entre espacios públicos y privados, entre transporte individual y colectivo. Nada de esto puede ocurrir espontánamente: exige una cuidadosa planificación pública de nuestro desarrollo económico y de todo las áreas que lo afectan (infraestructura, educación superior, etc.)

No exageramos al decir que estamos en una encrucijada de nuestra historia. Tenemos que asegurarnos que se nos oiga, incluso a costa de ser desobientes. Como decía la gran luchadora por los derechos civiles en Estados Unidos, Rosa Parks, "mientras más obedientes fuimos peor nos trataron". Permítanme concluir con un comentario sobre una coyuntura parecida a la nuestra: la gran depresión de la década de 1930 del siglo pasado.

Cuando en 1940 el Partido Popular Democrático (fundado a penas dos años antes) ganó el Senado y empató la Cámara de Representantes, en Washington D.C. sin duda tomaron nota de que algo estaba pasando en Puerto Rico. De hecho, casi inmediatamente el Departamento del Interior envío a Rexford Tugwell para observar de cerca los planes e intenciones del PPD, sobre todo en lo que se refería a la puesta en vigor de la ley de los 500 acres.

Pero, ¿por qué había llamado la atención el éxito del PPD en las urnas? Para eso debemos recordar lo que Muñoz Marín había hecho antes de 1940. Muñoz había formulado un plan de reconstrucción económica que incluía la reducción de la injerencia del capital externo (ausentista, como entonces se le decía); la puesta en vigor de la ley de los 500 acres y la redistribución de la tierra; la diversificación de la producción agrícola y el fomento de la producción industrial para el mercado interno; legislación protectora del trabajo y facilitadora de la organización sindical; el fomento de cooperativas y la ampliación del sector público, tanto para cubrir necesidades básicas y de infraestructura (electricidad, agua, transporte) como para promover el desarrollo industrial, entre otras medidas.

Pero no se trataba de un programa únicamente: Muñoz construyó un gran movimiento alrededor de dicho programa. Cuando los rivales de la Alianza Tripartita se presentaron como los representantes de la "familia puertorriqueña", Muñoz  respondió que en Puerto Rico había dos familias: la de los explotados y los explotadores de Puerto Rico. Y en ese momento Muñoz Marín vinculó su partido las nuevas corrientes del movimiento obrero, que en 1938 habían protagonizado la gran huelga de los muelles y que en 1940 habían fundado la nueva Confederación General de Trabajadores.

Es por esa razón que en Washington prestaron atención cuando el PPD, contra todas las predicciones, logró el control (aunque a duras penas) de la legislatura. Por eso mandaron a Tugwell a averiguar qué estaba ocurriendo en Puerto Rico y qué podría ocurrir si el PPD empezaba a poner en práctica su programa.

Sin que eso anule las críticas y diferencias que se puedan tener, algunas muy serias, y que yo tengo, hay mucho que aprender de ese ejemplo.  Imitemos lo que tuvo de audaz y visionario formulando un proyecto de verdadera y radical reconstrucción económica del país, de redistribución de la propiedad y la riqueza, conveniente a los intereses del pueblo trabajador y favorable a su organización y movilización, sin miedo a cuestionar los privilegios del gran capital, empezando por el gran capital ausentista.

Sabemos perfectamente que algunas de las ideas que estamos formulando –revisar la política de concesiones contributivas al gran capital, tasas contributivas más altas a los más altos ingresos, ampliación del sector público—contradicen los dogmas de mercado que han dominado la política económica durante tres décadas. Pero esas son las políticas que condujeron a la crisis global que estalló en 2008 y cuyas consecuencias están lejos de superarse y esas son las políticas que en Puerto Rico se han traducido en nuestro estancamiento económico y el consecuente deterioro social.

Muchas gracias.



[1] El crecimiento puede medirse del modo más elemental como mero aumento del PNB y del PIB o, si somos más exigentes, como crecimiento en la calidad de vida, como desarrollo sustentable, no destructivo del entorno natural. Según cualquiera de los criterios el diagnóstico es el mismo: la ausencia de crccimiento o desarrollo cuantitativo o cualitativo.

[2] Para facilitar la exposición hablaremos de la deuda, aunque sabemos que la deuda se divide en diversas obligaciones del gobierno central, corporaciones públicas y municipios.

[3] José J. Alameda Lozada, Daniel E. Garavito Medina, La política neoliberal en Puerto Rico y la ley número 7. Impactos y consecuencias socio-económicas. Años fiscales 2009 al 2011. (San Juan: SITUM, 20l2), 38-39. James Alm ha llegado a igual conclusión: "The common notion that the government has grown too big in Puerto Rico cannot easily be justified by the actual relative size of government expenditures in economic activity." James Alm "Assessing Puerto Rico's Fiscal Policies" en Susan B. Collins, Barry Bosworth, Miguel A. Soto-Class eds. The Economy of Puerto Rico. Restoring Growth (Washington D.C.-San Juan: Brookings Institution, CNE, 2006), 338.

[4]Una formulación reciente de esta idea se encuentra en la columna del economista Elías Guitiérrez.

"Reestructuración", Nuevo Dia, suplemento Puerto Rico en quiebra, 3 febrero 2015, p.18.

[5] Tax Reform Assesment Project. Comparable Jurisdiction Operating Model Report, Sección 2.4.2. En el Executive Summary se ofrece la cifra de 8% para Puerto Rico y el promedio de 33.19% para los países miembros de la OECD.

[6] Tax Reform Assesment Project. Comparable Jurisdiction Operating Model Report, Sección 2.4.6.

[7]Francisco Catalá Oliveras, Promesa rota (San Juan: Callejón, 2013), Cuadro 12a p. 216.

[8] Una formulación reciente de esta idea también se encuentra en la columna del economista Elías Guitiérrez ya citada.

[9] Sobre el tema de la deuda existe una amplía literatura. Como introducción ver: Eric Toussaint, Damien Millet, Debt, the IMF and the World Bank, Sixty Questions, Sixty Answers (New York: Monthly Review, 2010).

[10] La crisis estalló como se recordará con el colapso de las deudas llamadas subprime. La medida más importante en la dereglamentación financiera en Estados Unidos fue la revocacion de la ley Glass-Steagall en 1999.

[11] Existe una amplia literature sobre el tema David McNally, Global Slump (PM Press, 2010); Jack Rasmus, Obama's Economy. Recovery for the Few (London: Pluto Press, 2012) y Rafael Bernabe "La amnesia del capital" en la revista electrónica 80 grados.

[12] En la actualidad la deuda de Puerto Rico se la reparten de esto modo: 66% bancos y fondos mutuos; mutual funds; 8% individuos; 24 % hedge funds.

[13] Ver Eric Toussaint, "Restructuración, adutoría, suspensión y anulación de la deuda" http://cadtm.org/Reestructuracion-auditoria

[14]Hemos escuchado un estimado del economista Alejandro Silva de $200 millones en lo que a una decena de megatiendas se refiere.

[15] Alejandro Silva Huyke, "Perfil de una reforma contributiva integral que beneficie al pueblo y promueva el desarrollo" (Presentación en el Foro de la Cumbre Social La reforma contributiva que queremos, 23 febrero 2015).

[16] Tax Reform Assesment Project. Unified Tax Code of Puerto Rico: Tax Policy Implementation Options. Executive Summary. Oct. 31 2014.

[17] De total de 1,376, 531 hogares, 681, 339 tienen un ingreso menor de $20 mil y 233, 080 entre $20 mil y $33 mil.

[18] "Aseguran que la reforma contributiva no será para los vagos", Metro, 4 enero 2015.

[19] Tax Reform Assesment Project. Unified Tax Code of Puerto Rico: Tax Policy Implementation Options. Executive Summary. Oct. 31 2014. Tabla 8.

[20] Algunas economistas han indicado que para simplificarse el proceso de tasación en el sector residencial se debe un sistema de tasación masiva basado en áreas de construcción y de tamaño de parcela aplicando valores unitarios promedio por vecindario y material de construcción. Citamos de un documento de trabajo del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores preparado por el economista Alejandro Silva.

[21] Sobre esto modelo ver Ian Bruce, The Porto Alegre Alternative: Direct Democracy in Action (London: Pluto, 2004)