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Ponencia sobre el P. del S. 517

Presentada por Rafael Bernabe y Manuel Rodríguez Banchs ante la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico en vistas públicas celebradas el 20 de septiembre de 2013.

 

Mi nombre es Rafael Bernabe. Me acompaña Manuel Rodríguez Banchs. Participamos en estas vistas como representantes del Partido del Pueblo Trabajador. Quisiéramos explicar la posición del PPT ante el Proyecto del Senado 517.

Cuando consideramos cuál debe ser la actitud del Estado y las leyes hacia el consumo de determinadas sustancias, hay varias preguntas que debemos hacernos. Primero, ¿existe razón para pensar que el consumo de esa sustancia es dañino para la salud o pone en peligro la seguridad del usuario? Segundo, ¿existe alguna razón para pensar que el abuso o uso excesivo de esa sustancia es dañino para la salud o pone en peligro la seguridad del usuario en general o cuando se realizan determinadas actividades en particular (como conducir un automóvil, por ejemplo)? Tercero, ¿es el consumo de la sustancia particularmente peligroso para niños y adolescentes? Cuarto, en caso de que la contestación a las primeras tres preguntas sea afirmativa, ¿cuál es la política o forma más efectiva para reducir el consumo, reducir el abuso y evitar el acceso de menores a dicha sustancia?

Tomemos el caso de una droga: la nicotina, que se ingiere al fumar tabaco. Se trata de una sustancia altamente adictiva, que tiene efectos dañinos, en muchos casos fatales, sobre la salud del usuario y la de los que le rodean, que debe mantenerse fuera del alcance de menores de edad. Tomemos otra droga: el alcohol. Se trata de una sustancia que puede generar dependencia, cuyo uso en exceso es dañino y puede ser fatal para el usuario, cuyos efectos ponen en peligro la vida cuando se realizan ciertas actividades (como conducir un automóvil), y que debe mantenerse fuera del alcance de menores de edad. No creo que nadie dude de que debamos reducir el consumo de nicotina y el consumo irresponsable de alcohol entre los adultos y evitarlo entre los menores de edad. Es decir: si hay dos drogas que, por sus efectos dañinos y por los peligros que generan, son buenas candidatas para la prohibición, esas sustancias son la nicotina, es decir, el cigarrillo de tabaco y el alcohol. Sin embargo, ni el consumo ni el comercio de una u otra sustancia está prohibido. Tanto el consumo como el comercio de nicotina y alcohol, con todos los daños y peligros que conlleva, es legal en Puerto Rico. ¿Quiere esto decir que desconocemos los peligros que plantean el uso y abuso de esas drogas? Por supuesto que no: quiere decir que entendemos que la prohibición y la criminalización no son medios efectivos para reducir esos daños y peligros. Pensamos que encarcelar a los fumadores y bebedores no es la manera de reducir el consumo fatal de tabaco y el uso irresponsable del alcohol o el alcoholismo. Pensamos que debemos atender esos problemas ciertamente, pero de otro modo, no con una política prohibicionista. Esta convicción es en parte producto de la experiencia pasada.

Recordemos que durante la década de 1920, en Puerto Rico y Estados Unidos se hizo el experimento de prohibir el consumo de alcohol. Los resultados contraproducentes de aquel experimento fueron los siguientes: primero, no se redujo el consumo de alcohol; segundo, las bebidas producidas ilegalmente eran más tóxicas, lo cual aumentó sus efectos dañinos; tercero, la distribución pasa a manos de mafias que florecen, no a pesar, sino gracias a la prohibición; cuarto, las guerras de ese comercio ilegal provocan un aumento colosal en la violencia; quinto, el floreciente comercio ilegal fomenta la corrupción en todos los niveles del gobierno y en el sector privado; sexto, se hace más difícil dar ayuda a los alcohólicos. Dadas sus consecuencias contraproducentes el experimento prohibicionista fue abandonado en 1933.

Pero esa política prohibicionista es la que todavía mantenemos sobre la mariguana y sobre otras sustancias. ¿Y cuáles son sus resultados? Los resultados son los que habría que esperar. Los resultados son los mismos resultados contraproducentes y destructivos que tuvo la prohibición del alcohol en la década del 1920, y que tendría prohibir el cigarrillo o volver a prohibir el alcohol en la actualidad: no reduce el consumo; fomenta el consumo de sustancias más peligrosas; da paso al comercio ilegal; aumenta la violencia que arropa nuestra sociedad; alimenta la corrupción; no permite atender y tratar al usuario. A lo cual debemos añadir las decenas de millones de dólares (policía, juicios, cárceles) que se emplean en aplicar una política con efectos negativos.

Al igual que en la década de 1920, la política prohibicionista ha fracasado y seguirá fracasando. La llamada mano dura ha fracasado, y seguirá fracasando. Si queremos atender el problema del uso o abuso de sustancias dañinas, de la adicción, del narcotráfico y de la violencia tenemos que buscar otras políticas y otros acercamientos al problema. Para eso tenemos que empezar por reevaluar las políticas hacia las llamadas sustancias controladas. El Proyecto del Senado 517 se refiere al caso de la mariguana. Tomaremos este caso primero y luego haremos algunos comentarios generales.

Regresemos a las tres preguntas que planteamos inicialmente. Todos los estudios que conocemos indican que la mariguana no es adictiva, o, en todo caso, es mucho menos adictiva que el cigarrillo y no tiene efectos nocivos sobre la salud, o, en todo caso, sus efectos son mucho menos dañinos que los de la nicotina o el alcohol. Y, como sabemos, tanto el cigarrillo de tabaco como el alcohol, son legales, y nadie va preso por poseerlos o consumirlos. Los efectos del consumo de la mariguana, al igual que los del alcohol pueden ser peligrosos cuando se realizan ciertas actividades, como conducir un automóvil. El consumo de una sustancia que afecta los estados de ánimo y la percepción debe ser una decisión adulta y no debe estar al alcance de menores de edad. ¿Qué se deriva de estos datos sobre la mariguana? Que debemos tratar la mariguana como tratamos otras drogas como la nicotina y el alcohol: debemos legalizarla y reglamentar su consumo y comercio. Se debe legalizar y reglamentar su contenido, los lugares donde puede consumirse y venderse, la edad a partir de la cual se puede consumir y cualquier otra reglamentación que se considere pertinente.

Esa política de legalización y reglamentación permitirá reducir la toxicidad del material que en la actualidad circula ilegalmente, empezará a sacar a la gente del punto y a asfixiar el negocio del narcotráfico, reducirá la violencia que acompaña dicha actividad, permitirá trasladar los fondos que hoy se malgastan en arrestar, enjuiciar y encarcelar hacia programas de educación, consejería, apoyo y tratamiento. Recuérdese que el narcotraficante necesita la prohibición y será el primero en lamentarse de que se apruebe una medida como esta.

Esta idea adquiere cada vez más apoyo. En noviembre de 2012, dos estados, Colorado y Washington, votaron a favor de legalizar y reglamentar la posesión y el consumo de mariguana por adultos. Recientemente, el Departamento de Justicia federal ha indicado que respetará la política de dichos estados en cuanto al consumo y posesión de marihuana.

El proyecto del Senado 517, enmienda el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas para despenalizar la posesión de hasta una onza de marihuana. Por lo dicho anteriormente, nos parece que se trata de un primer paso importante en la dirección correcta. Nadie en Puerto Rico va preso o tiene record criminal por fumar tabaco o beber alcohol, nadie en Puerto Rico debe estar preso por fumar mariguana.

Sin embargo, la enmienda propuesta mantiene la mariguana en la lista de sustancias controladas. Es decir, sigue exponiendo a las personas a arrestos y procesos judiciales por la simple posesión de mariguana. Nos parece que sería más abarcador no tanto enmendar el artículo 404, lo cual no deja de ser un avance, sino enmendar el artículo 202 (c) I (c), eliminando el inciso número 10, para excluir la mariguana de la lista de sustancias controladas.

¿Debe adoptarse igual política hacia las otras sustancias controladas? No necesariamente. Diversas sustancias, con diversos efectos y consecuencias pueden exigir políticas distintas. Pero incluso en el caso de sustancias que exijan políticas distintas a la mariguana, la prohibición, en su forma actual no es la alternativa aconsejable. La prohibición en esos casos también aumenta la toxicidad de los materiales que circulan ilegalmente, hace más difícil atender y ayudar al usuario, propicia (al inducir el uso en condiciones insalubres) la propagación de enfermedades como HIV-SIDA y hepatitis C y mantiene vivo el comercio ilegal, el narcotráfico, con toda su secuela de violencia.

Para que se tenga una idea del problema, cerca del 25% de las personas encarceladas en Puerto Rico cumplen sentencias por infracciones a las leyes que prohíben el uso, la posesión y la venta de drogas. El 34% cumple una sentencia por delitos contra la propiedad, en su mayoría realizados para conseguir su dosis. Cerca del 14% cumplen sentencias por delitos contra la vida, más de la mitad de los cuales son muertes relacionadas al narcotráfico. El 86% de las personas encarceladas son usuarios de drogas. ¿Puede alguien pensar que el almacenamiento de gente en las cárceles va a reducir el problema de la adicción, del narcotráfico o de la violencia? Si algo debemos entender es que no sacamos nada al convertir al adicto en convicto.

Para concluir tenemos que advertir que ninguna propuesta es un resuelvelotodo. El problema de la violencia y la criminalidad no tiene una sola causa, como plantean análisis simplistas. Es el resultado de diversos procesos que deben ser atendidos desde diversos ángulos. La raíz del problema y la violencia se encuentra en la realidad de una sociedad cada vez más fragmentada y desigual. Una sociedad en que la gran mayoría no encuentra empleo, y en que la mayoría de los empleos no son seguros ni bien remunerados. Más de 45% del país vive bajo el nivel de pobreza. El 30% de las familias viven con un ingreso menor de $10,000 anuales y el 40% con menos de 15,000. Los jóvenes viven el presente de una educación empobrecida y tienen ante sí un futuro sin empleo ni ingreso seguro. La tasa de participación laboral es menor del 40% y la tasa de desempleo es más del 15%. La inseguridad de empleo, la insuficiencia y el poder de compra decreciente de los salarios, el deterioro de los servicios de salud, de las escuelas, de la infraestructura, el aumento del costo de servicios públicos y de la educación universitaria; el desamparo de la niñez y de personas de edad avanzada y la emigración obligada en búsqueda de empleo, incluyendo trabajadores diestros, son efectos directos de un país cuya economía, sometida a los intereses de un puñado de empresas, ha dejado de funcionar. Y si la economía formal deja de funcionar, entonces florece la economía informal. Y si la economía legal deja de funcionar y el Estado, con la prohibición, propicia una economía ilegal, ¿quién puede sorprenderse de que también florezca esa economía ilegal?

Necesitamos una nueva política hacia la mariguana y hacia otras sustancias y debemos acompañarla con una política que ataque la desigualdad social, el deterioro de las escuelas, la falta de empleo y la mínima posibilidad de conseguirlo, el culto de la competencia y del enriquecimiento a costa de los demás. Es la única manera de ir a las raíces más profundas del problema de la violencia generalizada que caracteriza nuestra sociedad.