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Ponencia en apoyo al P. del S. 437

 

Presentada por Ruth Arroyo Muñoz ante la Comisión de Lo Jurídico del Senado de Puerto Rico en vistas públicas celebradas el 22 de mayo de 2013.

 

 

Ponencia del Partido del Pueblo Trabajador en apoyo al P. del S. 437 para enmendar el Artículo 138 del Código Civil de Puerto Rico

 

22 de mayo de 2013

 

Hon. Miguel A. Pereira Castillo Presidente Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico Capitolio, San Juan, Puerto Rico

 

Señor Presidente:

 

Soy Ruth Arroyo, portavoz del Partido del Pueblo Trabajador. Agradezco la oportunidad que me da de deponer ante esta Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico en torno al P. del S. 437, de la autoría de la Senadora González López, para enmendar el Artículo 138 del Código Civil de Puerto Rico.

El Partido del Pueblo Trabajador está comprometido con toda acción, privada o pública, que se tome con el fin de erradicar las formas de injusticia y opresión que permean nuestra sociedad. El discrimen por orientación sexual es una de las formas de opresión e injusticias más crueles que nuestro país tolera, e incluso, que nuestro Estado e instituciones reproduce.

Un claro ejemplo de como el Estado reproduce y perpetúa esta forma de discrimen es el impedimento a adopción que establece el Artículo 138 del Código Civil de Puerto Rico. Este estatuto, que establece como excepción la manera en que la adopción por un solo vínculo puede preservar el vínculo legal del padre o madre biológico, siempre y cuando quien peticiona la adopción sea de sexo distinto a la persona con el vínculo legal biológico. Este estatuto fue construido para impedir la adopción del padre o madre funcional o “de crianza” cuando es pareja del padre o madre biológico.

En Puerto Rico no está prohibido que un homosexual o una lesbiana adopten. Lo que prohíbe el Artículo 138 no es la adopción por personas homosexuales o lesbianas. Lo que impide este artículo es reconocer legalmente un vínculo filial que existe de hecho, la relación de un padre o madre funcional con el niño o niña de su pareja. Es decir, el Artículo 138 parece tener la única finalidad de no reconocer un tipo de familia que existe en nuestra sociedad. Se trata de una traba discriminatoria que no encuentra justificación en los motivos que la legislatura enunció al promulgar la Ley de Adopción, Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995, 32 L.P.R.A. Sec. 2699, et seq. Veamos.

¿Cuál fue el motivo fundamental que la legislatura señaló en la exposición de la Ley de Adopción? La legislatura enunció en la política pública de la Ley de Adopción que es el interés fundamental del Estado al adoptar esa legislación en promover el bienestar y los mejores intereses del menor. Además, es la intención legislativa principal de la Ley de Adopción, además del bienestar del menor y sus mejores intereses, el flexibilizar la institución de adopción para que pueda ser utilizada ampliamente por personas que desean adoptar menores de edad, con la clara intención de proveer mayor oportunidad a los niños y niñas bajo la tutela del estado de ser adoptados en hogares adecuados.

No encontramos justificación razonable para el impedimento a cierto tipo de adopción que establece el Art. 138, supra. El diseño perverso de esta disposición está claramente dirigido a no reconocer un tipo de familia que existe: la constituía por una pareja del mismo sexo, en que hay un niño, niña o niños que son hijos biológicos de una persona en la pareja, e hijos funcionales, pero no legales de la otra persona en la pareja. No encontramos conexión alguna entre este impedimento y los motivos de la Ley de Adopción.

Pero sigamos examinando los motivos, y cómo otras partes de la Ley se conectan con esta discusión. Afín con los motivos fundamentales de la Ley de Adopción, la legislatura estableció en la política pública la “responsabilidad del Departamento de la Familia o de la agencia de adopción la realización del estudio social pericial correspondiente para que los tribunales puedan ejercer su parens patrie, en busca del bienestar y conveniencia del adoptando.” 32 L.P.R.A. 2699 (4). El informe del estudio social pericial que requiere la Ley incluirá “[e]l historial social de los peticionarios, del adoptando y de su padre o padres, así como cualquier otra circunstancia material al caso…” y las “[r]ecomendaciones sobre si conviene o no a los mejores intereses del menor o incapacitado que éste permanezca bajo custodia de los peticionarios y bajo la supervisión de dicha dependencia o o si procede que no se efectúe la adopción”. 32 L.P.R.A. 2699 e (1) (a) y (b), respectivamente.

Un estudio social es una investigación, que tiene que recabar hechos para poder conformar una opinión sobre el hogar que ofrece el adoptante al adoptando. Los hechos que aporta ese informe del estudio social son necesarios para que el juez determine si la adopción peticionada promoverá el mejor bienestar y será conveniente a los intereses del menor. Es decir, esa determinación se fundamenta, principalmente en un asunto de hechos. Es la realidad fáctica el elemento determinante para lograr que el ejercicio de la Ley de Adopción cumpla con su motivo fundamental, que es el mejor bienestar del menor y sus mejores intereses.

Una petición de adopción por un padre o una madre funcional es una petición para que el Estado, a través del Tribunal, reconozca legalmente un vínculo de hecho ya constituido dentro de una familia que ya existe. No se trata de personas que adoptan a un niño o niña para traerlo a su hogar, como un hecho futuro. Se trata de una adopción que tiene la finalidad de obtener un reconocimiento legal de un vínculo familiar existente. Es la aspiración de una madre o un padre amoroso y celoso de los mejores intereses y bienestar de su hijo o hija de extenderle todos los derechos y beneficios que la filiación le otorgaría a ese menor.

Claro está que con la filiación por adopción, el adoptante es investido de los derechos y deberes de la patria potestad. El impedimento que establece el Artículo 138 promueve, por tanto, una situación injusta para el padre que quiere adoptar, pero más aun para el hijo o hija, a quien se le niega todos los beneficios y derechos que le extiende la filiación por adopción. El no reconocer el vínculo legal no destruye lo que existe: una relación filial de hecho. El vínculo emocional y familiar no se destruye por decreto. Sin embargo, el impedimento a esa adopción promueve la desigualdad del menor con sus pares. Esta desviación legislativa de los motivos fundamentales de la Ley de Adopción debe ser derogada y sustituida por conceptos que atiendan de manera cabal y flexible el reconocimiento de los lazos familiares ya existentes, convenientes a los mejores intereses del menor que propenden a su bienestar.

La realidad hoy es que las familias en Puerto Rico son muy diversas y creemos que es precisamente en esa diversidad de familias está el bienestar de muchos menores en nuestro país. Es en esa diversidad de familias que los miles de niños que necesitan hogares que les brinden protección y el disfrute de la vida pueden ser acogidos. Sin embargo, la enmienda que se propone no va dirigida a resolver el problema de los miles de niños que necesitan ser adoptados en hogares protectores y amorosos. Esta enmienda lo que hace es reconocer legalmente relaciones filiales ya constituidas, en que es innegable que su reconocimiento legal es lo mejor para el niño o niña.

El impedimento a la adopción por el padre o madre funcional sin romper el vínculo con la familia biológica que establece el Art. 138, reiteramos, es contrario a los mejores intereses del menor puesto que no le reconoce los derechos que le extiende la filiación. La patria potestad por adopción conlleva la obligación legal de proteger y tomar decisiones sobre la salud, educación y bienestar del menor. Con la adopción nace la obligación del adoptante de sostener a ese niño o niña económicamente. También se le reconocen al niño o niña todos los derechos legales que extiende nuestro ordenamiento jurídico a los hijos e hijas como, por ejemplo, los derechos sucesorales.

Estoy segura que más de un ponente habrá ilustrado a esta Comisión sobre los derechos que se niegan al menor cuando se impide su adopción por el padre o madre funcional. Quiero abonar a esa discusión, pero con ejemplos de derechos beneficios que se extienden a los hijos e hijas de las trabajadoras y trabajadores, ya sea por legislación protectora del trabajo, por contratos individuales o colectivos con patronos del sector privado o publico. Es decir, ejemplos de cómo los hijos e hijas de las personas que trabajan por un sueldo reciben protección y beneficios, y tienen derechos que no se le reconocen a hijos e hijas por la prohibición de de adopción en el Art. 138.

Las personas que trabajan por un salario gozan de ciertos derechos que emanan de leyes, y otros que surgen de contratos de trabajo, individuales o colectivos. Por ejemplo, la Ley del Seguro Social extiende derechos a los hijos e hijas menores de edad o incapacitados. Si el trabajador o trabajadora muere o queda incapacitado y tiene hijos dependientes por ser menores o incapacitados, éstos tienen derecho a beneficios del seguro social. Los excluidos por la prohibición de adopción por padre o madre funcional no tienen esos beneficios.

Miles de trabajadores y trabajadoras trabajan para compañías y patronos que tienen sus propios seguros privados de incapacidad, los llamados “workers compensation plans”. Algunos de estos planes extienden beneficios a los hijos e hijas de trabajadores cuando quedan incapacitados por razones relacionadas al empleo. Los hijos e hijas que no tienen vínculo legal reconocido, como es el caso de los excluidos por la prohibición de adopción que establece el Artículo 138, quedan excluidos de estos beneficios.

La legislación laboral y la negociación colectiva son fuentes de derechos y beneficios, no sólo a los trabajadores y trabajadoras. También se ha adelantado en obtener derechos y beneficios negociados para los hijos e hijas de los trabajadores. Un ejemplo son los planes médicos familiares para los trabajadores y trabajadoras que son pagados total o parcialmente por el patrono. En raros casos, estos beneficios se extienden a “hijos o hijas de crianza”. De hecho, los patronos que han reconocido y extendido planes médicos a las parejas de hecho de sus empleados quieren arrebatar esos beneficios. En estos casos, también es importante que se establezca el vínculo filial legal, para que esos niños y niñas gocen de la extensión de los planes médicos familiares negociados colectivamente. Cuando un hijo o hija queda excluido, el esa familia trabajadora tiene que proveer el plan, ya sea comprando en el Mercado privado de seguros médicos la cubierta individual, o gestionar el seguro médico del gobierno. Ese escenario sucede muy frecuentemente en nuestro país, donde el empleo precario, cuando hay empleo, es la norma y los precios de los seguros médicos individuales son altísimos.

Otros beneficios que se negocian colectivamente para los hijos e hija de trabajadores y trabajadoras son los programas de becas y la participación de esos niños y niñas en campamentos de verano que pagan los patronos. Esos beneficios son económicos, y los trabajadores con hijos excluidos son impedidos de gozar de esas economías, poniendo sus familias en desventaja económica si los comparamos con otras familias trabajadoras. Por ejemplo, el pago de una beca escolar o un campamento de verano puede representar para un padre economía de cientos de dólares anuales por niño o niña. ¿En qué forma el empobrecimiento del hogar en que vive el menor, por no gozar de esos beneficios y derechos, abona a su bienestar y mejores intereses?

Como parte de los beneficios sociales que se negocian hoy día en los convenios colectivos están licencias con paga dispuestas para el cuidado de hijos o hijas en casos de enfermedad prolongada. Estos beneficios también dependen de probar la filiación legal. En esos casos, se impide que el padre o madre biológico participe de manera equitativa en el cuidado extendido, o se le impone la pérdida económica o el riesgo de sanciones por ausencias extendidas al trabajo. Esas condiciones resultan injustas, puesto que igual que sus pares en el trabajo, esta persona trabajadora debería tener reconocimiento de su familia, y la extensión de los derechos estatuidos y de los derechos negociados.

El día de hoy, el Partido del Pueblo Trabajador se une a todas las voces que han depuesto en favor del P. de la S. 437. Tenemos el firme convencimiento de la necesidad de adoptar en Puerto Rico la figura jurídica de la adopción por el padre o madre functional, o “second parent adoption” y de que esa Legislatura tiene el deber de eliminar cualquier distinción de género que opera como obstáculo a la adopción de una niña o de un niño por su padre o por su madre funcional. Con este paso, esta rama del gobierno de Puerto Rico le hará justicia a las niñas y niños que la otra rama se negó a ver. Con la aprobación de este proyecto estarán ustedes hacienda justicia. Con la adopción de este proyecto, permitirán que estos niños y niñas cosechen los frutos del trabajo, del esfuerzo y de las luchas de sus padres y madres.

Estamos convencidos de que el Art. 138 del Código Civil debe cambiar y que esta legislatura debe permitir la adopción por el padre o madre funcional, como propone el P. del S. 437. Los exhortamos a legislar la equidad.

Atentamente,


Lcda. Ruth E. Arroyo Muñoz

Portavoz, Partido del Pueblo Trabajador